El subsidio que daría el Gobierno a empresas avícolas y molinos genera críticas de los ruralistas


El Gobierno nacional creará un fideicomiso para subsidiar a molinos y empresas avícolas, con la intención de estabilizar los precios del pan y del pollo, una medida similar a la que ya se tomó años atrás, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa, que ya se había filtrado a través de un borrador oficial, fue confirmada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien lo recibió este lunes en su despacho de Casa Rosada. Allí, Domínguez le informó sobre los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz, a fin de “alcanzar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular como son el pan y el pollo”.

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Según el comunicado de la Jefatura de Gabinete, el ministro le notificó a Manzur sobre “el fideicomiso que implementará el sector privado para garantizar los precios del trigo y el maíz. El mismo tendrá idénticas características que el instrumento utilizado con el aceite de girasol”.

“Esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”, según indicaron desde el Gobierno.

Domínguez le comunicó a Manzur la creación de este fideicomiso. (Foto: Jefatura de Gabinete)
Domínguez le comunicó a Manzur la creación de este fideicomiso. (Foto: Jefatura de Gabinete)

“A primera hora de la mañana recibí al ministro Domínguez, con quien trabajamos en medidas que nos permitan garantizar la estabilidad de los precios en el mercado interno y el acceso a productos de consumo popular”, afirmó Manzur tras reunirse con el ministro.

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Respecto a la creación del fideicomiso, Domínguez destacó que dicha herramienta asegura que “en caso que durante el ejercicio 2022-2023 haya un incremento de precios internacionales, tanto el pollo como el pan en la Argentina estén garantizados a los precios que se requiere”.

“El sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante el 2022 y 2023″, según se reportó desde la Jefatura de Gabinete en el marco de una semana donde el Gobierno establecióvolúmenes de equilibriopara las exportaciones de ambos cultivos, lo que generó una fuerte resistencia en gran parte del agro.

En ese sentido, Domínguez destacó que los acuerdos con la cadena respecto a la cantidad de toneladas a producir son importantes ya que “de esa manera queda fijado en una resolución el punto de equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo”.

En cuanto al “Fondo Anticíclico Agropecuario”, como se lo denomina en el borrador que trascendió, el Ministerio de Agricultura trabaja en un esquema con aportes de exportadores que superarían los $14.000 millones y que cobrarían las compañías transformadoras de los cereales.

En el documento que circuló, se indica además que se compensaría el costo de 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz. De esta manera, la iniciativa serviría para subsidiar a las bolsas de 25 kilos de harina de trigo, el pollo entero, los paquetes de un kilo de harina, y los de fideos secos de 500 gramos.

Rechazo de los ruralistas

En principio desde la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro, Sosciedad Rural y Federación Agraria) mostraron su resistencia a la medida.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseguró a TN: “Si bien no conozco el proyecto en profundidad, puedo anticiparte que todo lo relacionado con subsidios no lo vemos para nada oportuno. Acá hay un problema concreto que es la inflación. Mientras no haya previsibilidad y estabilidad, todos los apoyos que se quieran realizar van a ser licuados”.

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Sobre eso, acotó: “Suponiendo que el subsidio esté bien hecho, ¿de qué serviría si hay un pronóstico de una inflación superior al 60%, por más que Guzmán (Martín, ministro de Economía) diga que va a ser del 30%. En este contexto, es una irresponsabilidad hablar de subsidios. No hay subsidio que aguante con esta inflación ni posibilidad de ayudar a nadie, porque todo se licúa. Acá hay un enemigo que el Gobierno no lo detecta y lo utiliza a su favor, porque está ajustando con la suba de precios”.

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Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también cuestionaron a este esquema. Su presidente, Jorge Chemes, opinó: “Todo mecanismo de intervención, creemos que no es conveniente. Hay que dejar que los mercados funcionen normalmente. Además, con estos métodos se trata de proteger a otros eslabones de la cadena. No conocemos el detalle de cómo funcionaría, pero la realidad es que toda intervención genera una distorsión, y con eso no estamos de acuerdo”.

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Asimismo, Chemes evaluó: “El subsidio te lleva a que alguien sea beneficiado, pero termina perjudicando a otro eslabón. Y, por lo que hemos visto en la historia, la producción es la que siempre termina subsidiando a otros”.

En tanto, el vicepresidente de esa entidad, Gabriel de Raedemaeker, consideró: “Es otra muestra de la vocación reguladora del Gobierno nacional, que termina perjudicando a la producción y los consumidores. Porque este tipo de restricciones al maíz y el trigo, que nunca tuvieron problemas de abastecimiento al mercado interno, generan desincentivos de producción e inversión, y en definitiva caída de la productividad. Eso termina luego generando incremento de precios de los productos finales, contrario al argumento que el oficialismo utiliza para implementar estas distorsiones. Esto además acarrea un clientelismo para algunos amigos, que terminan siendo los grandes favorecidos por este tipo de maniobras”.