El presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), viajó a El Salvador este miércoles, un día antes de la sustentación de la iniciativa legislativa que busca incrementar las penas por difamación, un proyecto conocido como ‘ley mordaza’.
El parlamentario no se presentó ante el pleno, de modo que el titular del Congreso, José Williams, decidió pasar a un nuevo cuarto intermedio el debate de la segunda votación a solicitud del portavoz de la tienda izquierdista, Flavio Cruz, quien señaló que hubo una “descoordinación” tras el viaje de su colega.
El breve debate contó con la única participación de Álex Paredes (Perú Libre), Susel Paredes (no agrupada), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Cruz, quien indicó que el requerimiento de prórroga se debe a que el proyecto debe ser analizado con mayor profundidad en regiones, no solo en Lima.
“A última hora creo que le autorizaron el viaje y tengo entendido que no coordinaron la sustentación [de la segunda votación]”, abundó el congresista en una entrevista con El Comercio. La salida de Gonza fue cuestionada por el titular del Parlamento, quien consideró que el debate debe darse por zanjado.
“No se debe dilatar más el tema, se debe definir de una vez. Considero que fue inoportuno que pudiera viajar. Tuve una conversación una semana atrás con él y le pedí que definiera la fecha, me dijo que sería el jueves 25 y entonces le dije que lo programábamos para la tarde”, enfatizó Williams en una rueda de prensa.
“Considero que fue inoportuno que pudiera viajar. Él viajó con una invitación particular que tuvo para un evento en El Salvador. Cuando sucede una situación como esta puede representarlo el vicepresidente o el secretario, [pero] ninguno de los dos conocían el tema”, refirió.
Para el presidente de la Mesa Directiva, “son aproximadamente seis o siete bancadas en contra de esta ‘ley mordaza’”, de manera “que retrasar esto es dejar mal a quienes están a favor, porque están dilatando algo que ya debía haber salido”.
La iniciativa legislativa está pendiente de segunda votación luego de ser aprobada con 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones. En rigor, propone modificar el Código Penal para alzar las penas de cárcel y los montos de reparación civil por los daños al honor causados por los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva.
Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con 120 a 365 días, multa e imposición de reparación civil en favor del querellante.
La propuesta de Perú Libre ha sido rechazada por Alianza para el Progreso, que al inicio mostró su respaldo, además de Fuerza Popular y Avanza País. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también han protestado por el proyecto.
“Para un periodista no es fácil tener que ir a tribunales por más que sabe que su trabajo es riguroso. Esto tiene una afectación y en regiones es peor porque los periodistas en Lima, al menos hay la posibilidad que el abogado del medio para el que trabaja asuma tu defensa, pero en regiones, la mayor parte de los periodistas son autogestionarios. Está claro de que un proyecto así lo que hace es robustecer un instrumento penal”, dijo Zuliana Lainez, de la ANP.